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Martes, 28 de Noviembre de 2006 04:51 |
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El consejo de administración de Renfe ha fijado ya un borrador de propuesta de contrato-programa con el Estado, y ha acordado remitirlo a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (órgano en el que intervienen todos los ministerios con competencias en áreas económicas). Una vez reciba el visto bueno -con las modificaciones oportunas- de este órgano, y del Consejo de Ministros, se procederá a la firma del programa que regirá las cuentas de la operadora pública hasta 2010. Para entonces el Estado espera que Renfe Operadora sea capaz de alcanzar el equilibrio financiero sin necesidad de las aportaciones estatales que sufragan el déficit de explotación de la compañía. El nuevo contrato-programa de Renfe coincide con el desarrollo del plan estratégico que la compañía está desarrollando, y en el que se contempla una inversión de unos 5.500 millones de euros, destinada entre otras cosas a pagar las oleadas de trenes nuevos. Casi un tercio de la inversión total contemplada en el contrato-programa, el 31%, se sufragará con las aportaciones de capital que Renfe recibirá del Estado, que sumarán un total de unos 1.750 millones de euros. Ayudarán a pagar otro tercio de las inversiones los recursos propios de la compañía, mientras que para completar las cuentas se recurrirá al endeudamiento, sobre todo al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se prevé que financie el 39% restante. |
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Martes, 01 de Agosto de 2006 16:00 |
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Más de dos años después de que se aprobase la Ley del Sector Ferroviario, y tras un año y medio en el que Renfe ha venido funcionado como operadora, segregando y trasladando las infraestructuras y su gestión y mantenimiento a Adif, el 2 de agosto de 2006 ha quedado cerrado definitivamente el proceso de liberalización del transporte ferroviario (de mercancías, de momento) español. Esto ha sido así gracias a la publicación en el BOE de la "Orden Ministerial por la que se determinan las condiciones para la obtención de títulos y habilitaciones que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad, así como el régimen de los centros de formación de dicho personal y de los de valoración de su aptitud psicofísica." Esta norma pone el último clavo que faltaba para que las empresas puedan competir en condiciones de igualdad contra la operadora pública en el transporte de mercancías. Si primero llegó la LSF -cuya entrada en vigor se aplazó dos veces- , que diseñaba el nuevo tablero sobre el que van a jugar las empresas, su reglamento y la declaración de red de Adif consiguieron dejar claro el camino que una empresa debía cumplir para constituirse en operadora, obteniendo la preceptiva licencia y solicitando capacidad de red (surcos) para sus trenes. A la espera del nuevo Reglamento de Circulación Faltaban entonces (enero de 2006) dos normas básicas para que comenzasen a rodar trenes de operadoras privadas, pese a que varias de estas compañías ya habían obtenido la correspondiente licencia: las órdenes ministeriales por las que se regulaba el procedimiento para homologar el material rodante y los centros de mantenimiento, por un lado, y el procedimiento para homologar la formación y la capacitación del personal por otro. Y si la primera se aprobó el pasado mes de enero, la segunda acaba de convertirse en norma. ¿Qué queda ahora? En realidad, nada. Desde hoy cualquier empresa con licencia de operador (Comsa Rail, Continental Rail -ACS- y Activia Rail -Transfesa-) y un surco adjudicado, y cuyas locomotoras y cuyo personal de conducción estén homologados, puede lanzar sus trenes de mercancías por las vías de Adif, ya que el último fleco pendiente, el de la compilación de las normas de circulación, queda cubierto de momento por el refrito del RGC y las normas de conducción de la LAV Madrid-Sevilla que estará en vigor hasta que se publique en el BOE la norma definitiva. |
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Miércoles, 28 de Junio de 2006 07:00 |
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El departamento de Transporte de Reino Unido, el equivalente al ministerio de Fomento en España, pretende modificar la forma de trabajar de las compañías de leasing ferroviario del país, las verdaderas propietarias del material rodante que luego alquilan con opción de compra a las operadoras -una práctica muy habitual-. El Gobierno de Blair pretende mejorar la competencia del sector ferroviario en general, y afirma que los precios que cobran estas compañías a las operadoras "son el resultado de una deficiencia del mercado creada por la privatización, que debe ser remediada". Por ello está ya presionando a las ROSCOs (rolling stock operating companies), que alquilan alrededor de 12.500 vehículos a las operadoras por unos 1.430 millones de euros anuales, para que rebajen sus tarifas ya que, al final, quienes las pagan son los usuarios.
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Jueves, 25 de Mayo de 2006 12:00 |
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Cuando se leen cosas como ésta, uno siempre piensa: ¿Pero es
que nadie se había dado cuenta? El asunto es que, como cuenta EL PAIS, al
redactar la Ley
del Sector Ferroviario se olvidaron -o no- de un pequeño detalle: señalar que el
viajero que va sin billete comete una falta administrativa, y por tanto sancionable.
Como bien señala un informe jurídico de CC.OO., del que se
hace eco el diario, "no está tipificado como falta sancionable este hecho
(viajar desprovisto de billete), y además no existe en vigor ningún
procedimiento sancionador para estas conductas".
No acaba ahí la cosa. Puesto que en la Ley los interventores de la
operadora -encargados de comprobar si los viajeros llevan título válido- no están
considerados como agentes de la autoridad, es tremendamente dudoso que puedan
hacer algo más que llamar por teléfono a Policía, Guardia Civil o similares. No
pueden emitir denuncias, ni retener físicamente a los infractores, sin incurrir
en delito de detención ilegal. En otras palabras: Renfe ha estado -y está- sancionando
sin fundamento legal a quienes iban sin billete.
Como todo en esta vida, hay una explicación razonable. Puesto
que el contrato de transporte Renfe-viajero es ahora de naturaleza plenamente privada,
viajar sin billete no es una falta administrativa, sino un incumplimiento de
contrato. Y eso se sustancia en un Juzgado del orden civil, no en la Delegación de Gobierno.
Instancias éstas que, por cierto, están archivando las denuncias emitidas por
trabajadores de la
Operadora.
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Jueves, 06 de Abril de 2006 08:00 |
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Paso a paso, la administración avanza con la elaboración de
las normas aún pendientes para que la liberalización del transporte de mercancías
sea un hecho. Para que los operadores que ya tienen licencia puedan operar
trenes (excepto Renfe Operadora, sujeta hasta entonces al régimen anterior) faltan
tres normas.
La primera es la que regula todo lo relativo a la formación del
personal ferroviario y su homologación, que debe pasar por el Consejo de Estado
antes de salir de Fomento (¿principios de verano?). El segundo paquete pendiente
contiene el Real decreto sobre Seguridad de Circulación en el
Transporte Ferroviario y especialmente, el nuevo Reglamento general de
Circulación.
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