Qué contiene: La proposición 1A autorizará al estado (de California) a emitir más de 9.950 millones de dólares (de deuda pública, unos 6.500 millones de euros) en la forma de bonos para contribuir a sufragar los gastos de una línea de ferrocarril que conectará Irvine, Los Ángeles, Fresno y San Francisco. Este importe incluye 9.000 millones (6.150 millones de euros) para el corredor de alta velocidad, así como otros 950 (unos 650 en euros) para ferrocarril convencional de cercanías e interurbano. Los bonos serían liquidados después de unos años, y sus intereses elevarían el coste total del préstamo a los 19.000 millones (casi 13.000 millones de euros).

Cómo se desarrollará: La Línea de Alta Velocidad San Francisco-Los Ángeles será diseñada a semejanza de sistemas  de transpore similares en Europa y Asia, y podrá transportar a pasajeros a velocidades de hasta 220 millas por hora (unos km/h). Será la primera conexión de una red de ámbito estatal que podría incluso, según sus creadores, extenderse también a Sacramento (por el norte) y a San Diego (por el sur). El coste total de este corredor se estima en 45.000 millones de dólares (30.756 en euros, al cambio actual). El consejo de administración de la máxima autoridad estatal en materia de alta velocidad espera por ello obtener apoyo financiero del gobierno federal, de las agencias públicas de transporte local así como de inversores privados, para completar el proyecto.

Quién hay detrás: Los legisladores aprobaron por primera vez la emisión de este bono en 2002, aunque la primera fecha que pusieron para su sometimiento al electorado hasta la votación de noviembre de 2004. Antes de que llegase esa fecha, retrasaron su presentación al público a noviembre de 2006 primero y a noviembre de 2008 después, con el argumento de que el estado debía hacer frente a otras necesidades más urgentes en materia de infraestricuturas. Quienes apoyan el proyecto afirman que la alta velocidad ferroviaria es la alternativa más barata y más respetuosa con el medio ambiente que ampliar las autopistas y los aeropuertos para hacer frente a las necesidades de transporte de California. Se espera que la población del estado roce los 60 millones de personas en los próximos 60 años. Sus oponentes, en cambio, aseguran que la Proposición 1A es un despilfarro.