Los gobiernos de los estados de Quebec y Ontario, y el ejecutivo federal de Canadá han anunciado que compartirán los costes (y por tanto, la tarea) de elaborar un estudio de viabilidad para la creación de una línea de alta velocidad entre las dos principales ciudades del país: Montreal y Toronto.
El estudio, cuyo coste se ha cifrado en más de 2 millones de dólares canadienses (aproximadamente unos 1,32 millones de euros), deberá estar terminado antes de un año, y las administraciones que lo impulsan esperan que sirva para determinar el coste total del proyecto, cuáles son las alternativas de que disponen y sobre todo, si es factible desde el punto de vista económico. Cuando se entregue, el estudio será el octavo de su clase en poco más de 20 años.
El pasado mes de octubre Via Rail, la empresa que explota los servicios de pasajeros de largo recorrido en el país, flitró a la prensa su propio estudio en el que cifraba el coste total de la infraestructura en unos 11.100 millones de dólares canadienses (unos 7.350 millones de euros), y en el que se acusaba directamente al lobby del transporte aéreo de haber hecho descarrilar los anteriores intentos.
La licitación de este estudio es sólo un primer y tímido paso para la construcción definitiva del corredor, que no está ni mucho menos asegurada. Los mandatarios de ambos estados coinciden en guardar silencia sobre cuál será el coste total de la línea -algo lógico, si se tiene en cuenta que ni siquiera se ha decidido si sería de nueva construcción o si aprovechará parte del corredor existente- y lo que es más importante: señalan que sea cual sea el resultado del estudio, para un proyecto así se tendría que recurrir a un esquema de financiación mixta público-privada (PPP en sus siglas en inglés).
Cuadrar las cuentas con el CO2
Pese a todas las dudas, el anuncio ha sido acogido con cierto entusiasmo en la prensa del país. Algunos columnistas señalan, con acierto, que bastaría con aplicar el esquema de derechos de emisiones de CO2 al proyecto para que éste apareciese en las cuentas como rentable. Y el propio ejecutivo federal -hasta ahora reacio a secundar el proyecto- parece apuntar en esa línea si se atiende a las declaraciones de su ministro de Transportes, Lawrence Cannon.
"Este Gobierno está decidido a examinar las alternativas que permitan ofrecer servicios de transporte ferroviario de pasajeros confortables, más rápidos y fiables, que permitan además reducir los gases de efecto invernadero y otras emisiones", señalaba Cannon la pasada semana, justo después de que se produjese el anuncio conjunto con Ontario y Quebec.
Una medida así sería revolucionaria, y es que aunque los costes externos generados por los distintos modos de transporte (la emisión de gases de efecto invernadero forma parte indudablemente de éstos) se conocen bien desde hace tiempo, su incorporación al cálculo previo de la viabilidad económica de una línea sigue siendo algo inédito.
