Dicho caso incluye, entre otros hechos, una posible malversación de fondos en la compra a la operadora española de cuatro unidades de la serie 593 que iban camino del desguace, para usarlas en la reapertura del ferrocaril entre Santiago de Chile y el extremo sur del país. Ese material fue renovado en España, pero terminó fallando estrepitosamente.

Se da la circunstancia de que Renfe evitó durante meses contestar a otro tipo de exhorto, emitido en este caso por una comisión de investigación parlamentaria especial, pese a las reiteradas peticiones de la Cámara de Diputados del Congreso chileno.

Cuando la operadora española accedió al fin a la petición de la más alta representación de la soberanía popular chilena, lo hizo sólo por la intermediación del Congreso español, y aportando datos irrelevantes o que no habían solicitado, como ha confirmado en conversación telefónica a Alta Velocidad el propio presidente de dicha comisión, José Pérez Arriagada: "(después de meses pidiéndola) nos llegó una cantidad de información que no es lo que nosotros queríamos. No se da respuesta a por qué se vendió a esos valores".

Llegar donde el Congreso no pudo

Conforme a una información publicada por el diario La Tercera, el juez Omar Astudillo prepara ahora el texto del exhorto solicitado por el CDE (un órgano específico cuyas funciones se sitúan a medio camino entre lo que España harían la fiscalía y la abogacía del estado).

Respecto al literal de lo enviado por el CDE a Astudillo, se sabe que en él constan hasta 40 preguntas sobre los contratos suscritos por la chilena Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y Renfe en virtud del Plan Trienal de Chile 2003-2005. Astudillo se encarga desde hace meses de la investigación de numerosas irregularidades durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), y varios de sus directivos se encuentran procesados.

Entre ellos está Luis Ajenjo, ex presidente de EFE, y a quien se acusa de haber aprobado la firma de varios contratos para el suministro de material rodante de segunda mano a Renfe que luego resultó defectuoso. Conforme a la información del citado diario, el ex gerente de administración y tecnología de EFE, Claudio Carreño, declaró ante el juez en octubre de 2007 que pese a los problemas detectados "se realizaron transferencias bancarias a la empresa española en forma permanente".

Si Astudillo da su visto bueno al exhorto,  lo enviará a la Corte Suprema, que también examinará el caso. Sólo si el máximo órgano judicial lo estima oportuno se enviará a la justicia española a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que lo trasladará a su homólogo español. Ambos departamentos ministeriales no tendrán sin embargo capacidad de decisión sobre el envío, si éste finalmente se produce. No podrán tocar ni unca coma, sino sólo darle salida hasta su destino: el despacho de un juez español.