Así lo asegura el diario Evening Post, citando a su vez a la revista Railway Magazine, que informa de cómo la operadora ha solicitado al gobierno británico la renegociación del contrato que les une, y cuyo un importe supera los 1.100 millones de libras (unos 1.400 millones de euros al cambio actual).El aumento generalizado de la demanda de pasajes se ha sumado a una mayor presión de los viajeros de otras rutas, por culpa según la compañía de los recortes en los servicios planeados para la Cross Country (operada por Arriva) y de las lagunas en los horarios de la South West, para crear una tormenta perfecta, pero no sorprendente.
Un deterioro anunciado
"La demanda de servicios ferroviarios (de pasajeros) es elástica, pero las necesidades de proveerse de material rodante para cubrir esos servicios no lo es. Se trata de un problema del que algunos veníamos advirtiendo desde hace tiempo", señala Nigel Harris, de Railway Magazine.
Y las perspectivas para el futuro inmediato no son mejores. Puesto que FGW no puede adquirir nuevos vehículos sin la autorización del gobierno, "sólo tiene realmente dos opciones a la vista, cada cual menos atractiva: dejar que siga la masificación rampante ante la indignación de los clientes, o limitar la demanda elevando las tarifas, (...) algo que en el clima actual no es realista", añade Harris.
Más dinero, para maniobrar mejor
FGW asegura por su parte que ya está haciendo frente a más gastos de los que serían justificables conforme al contrato para cubrir las necesidades efectivas del servicio, y quiere plantear al gobierno de Brown una flexibilización (lease reducción) de los pagos por poseer la franquicia. A cambio, destinaría esas cantidades a la adquisición de nuevos trenes con los que hacer frente a la demanda.
Como recuerda el diario, FirstGroup estuvo a punto de perder la franquicia a comienzos de este año por dos graves incumplimientos de sus obligaciones el pasado ejercicio. La primera consistió en informar a los pasajeros de menos cancelaciones de servicios de las que realmente se habían producido. La segunda, en exceder el umbral máximo de cancelaciones permitidas en la segunda mitad de 2007 debido, según constató el Departamento de Transportes, a falta de personal.
