El caso judicial contra Alstom en Estados Unidos por maquillar sus cuentas para hacerlas parecer saludables e inflar así su valor en bolsa ha escalado un paso más y ha crecido en relevancia después de que el juez federal encargado de examinarlo concediese el pasado 27 de agosto el estatus de acción de clase (o colectiva) a la demanda presentada por un nutrido grupo de accionistas, principalmente estadounidenses.

Bilger, que fue forzado a dejar su cargo poco antes de este inevitable ajuste, se vio forzado a devolver los 4.1 millones de euros que había recibido al abandonar la compañía en concepto de indemnización dos semanas después de que el estado francés se viese obligado a acudir al rescate de la compañía, inyectando 300 millones a cambio de una participación del 30%. Con más cara que espalda, el ex ejecutivo publicó poco después un libro titulado "Cuatro millones de euros, el precio de mi libertad" (que puede leerse en la red). Desde 2007 forma parte del consejo de administración de Eurotunnel, la compañía propietaria del doble túnel ferroviario del Canal de La Mancha.

Entre los demandantes, que ahora han obtenido la declaración de acción de clase, se encuentran inversores institucionales de cierta envergadura, como el State Universities Retirement System of Illinois, el Louisiana State Employees Retirement System, el West Virginia Investment Management Board y la International Brotherhood of Electrical Workers Local 269. No estarán, en cambio, los accionistas franceses, que deberán demandar directamente ante la jurisdicción de su país. Los inversores de Reino Unido y Países Bajos sí podrán participar en la demanda al completo, con la única excepción de lo relativo a la matriz.