"Adif reconoce y valora la afición que muchos ciudadanos sienten por el mundo del ferrocarril"... Estas palabras, que el Administrador de Infraestructuras utiliza de forma torticera para justificar lo injustificable (que tomar fotos de trenes y estaciones en España sólo es legal si se hace con un carnet inventado), suenan especialmente cínicas cuando se leen casos como el de uno de los miembros de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao (AAFB).

Este ciudadano fue multado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el simple hecho de encontrarse en el sitio equivocado, el párking público de la estación bilbaína de Abando, en el momento equivocado. Y es que de buena fe, accedió a dar sus datos a un vigilante jurado de una empresa privada de seguridad contratada por Adif, después de que éste se los pidiera para tenerle "identificado".

La lógica estúpida de la maquinaria de la administración estatal hizo el resto. Este aficionado fue multado por la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya por "cruzar las vías de reserva de la estación de Abando" (sic), conducta que está tipificada en artículo 90.2 de la Ley del Sector Ferroviario como una infracción leve... y en la que nunca incurrió.

 

De nada le sirvió recurrir sucesivamente y en tres instancias, hasta llegar al propio Ministerio de Fomento, que finalmente ratificó la sanción y cerró la vía administrativa. Ante la fácil disyuntiva de pagar una sanción injusta o de pagar mucho más por acudir a la vía judicial, el aficionado lo tuvo claro: la ciega estulticia del aparato burocrático es como un tren de mercancías, a cuyo paso no sirve de nada oponerse.

La historia, además de ésta, tiene otra moraleja: entregar el documento nacional de identidad o cualquier otro que contenga datos personales al primer agente que se presente puede tener funestas consecuencias. Así que, cuando alguien quiera jugar a policía y saber cuál es su nombre, mejor llamar a los chicos de uniforme. A los de verdad.