Sategecoach, National Express, Go-Ahead, Arriva y FirstGroup advierten ahora, después de varios ejercicios registrando abultados beneficios, que si el Estado no accede a sus peticiones las colocará inevitablemente en la posición de tener que incumplir con los compromisos adquiridos cuando firmaron sus respectivas franquicias.

Aún peor: esa situación implicaría además que el Department for Transport (DfT; ministerio de transportes) se vería obligado a retirar esas adjudicaciones a las compañías y a tomar el control directo de cada una de las filiales. Puesto que las cinco compañías citadas controlan la gran mayoría de los servicios de la red ferroviaria británica, la retirada de sus franquicias equivaldría a una renacionalización inmediata del sistema, como recuerda el citado diario.

Para que ese panorama no se concrete, los operadores solicitan que el Estado autorice la circulación de trenes más cortos en las horas valle, de facilidades para la obtención de créditos que rellenen el hueco de liquidez que ha dejado la caída en los ingresos por la venta de billetes, que restrinja algunos de los programas de modernización emprendidos por Network Rail (y que dificultan las operaciones) y, por fín, que asuma una mayor parte en las pérdidas por operaciones. O en otras palabras: que acceda a renegociar los términos en los que concedió las franquicias.

La situación es delicada, puesto que estas peticiones que las operadoras denominan "planes de contingencia" no serán una pastilla fácil de tragar para el gabinete que dirige Gordon Brown, que tendrá que calcular detalladamente su coste en términos electorales. Los sindicatos y las asociaciones de usuarios ya han advertido de que no se quedarán callados ante los recortes de personal -los primeros- y las reducciones en la calidad del servicio -los segundos-, después de años reclamando medidas contra la saturación.