Aprovechando la excelente repercusión que acarrea la celebración durante estos días del 6º congreso europeo de ferrocarriles de alta velocidad (Eurailspeed), el presidente de UNIFE -asociación que agrupa a la la industria europea del ferrocarril- ha reclamado que el transporte por carretera comience a pagar más por la contaminación que genera. Referidas al ferrocarril de mercancías y no al de pasajeros, sus palabras han sonado afortunadas de todas formas en una reunión que lleva por lema "Alta Velocidad - Vía rápida hacia la movilidad sostenible".

Aunque André Navarri no aludió directamente al hecho de que este año está prevista la revisión de la llamada directiva "Eurovignette ", que fija unas reglas comunes para que los estados miembros de la UE fijen peajes para los vehículos de transporte pesado en función del uso de las infraestructuras si así lo desean, se refería a ella al afirmar que "si Europa quiere alcanzar su ambicioso objetivo de reducir el 20% sus emisiones de CO2 en 2020 tendrá que crear un marco legal en el que el tren no siga estando penalizado por los impuestos sobre la energía y por el IVA sobre los billetes, mientras que el avión recibe una exención completa de los impuestos sobre el combustible y del IVA".

En otras palabras, lo que UNIFE está reclamando es que la revisión de la legislación comunitaria establezca como un imperativo, y no como una herramienta a opción de los estados, ese peaje. Y reclama además que sirva para hacer pagar al transporte por carretera no sólo por lo que cuesta construir y mantener la infraestructura que utiliza, sino también por los costes externos que genera el modo de transporte (accidentes, polución, congestión...) y de los que hasta ahora se viene haciendo cargo la sociedad en su conjunto.

En su discurso, el presidente de Bombardier Transportation ha hablado también de la excelente apuesta que ha hecho España al realizar enormes inversiones en infraestructuras de alta velocidad durante los últimos años (olvidándose quizá de que aproximadamente la mitad de ellas las ha pagado en realidad la propia Unión Europea), y que le han permitido crear "en torno a 210.000 puestos de trabajo y contribuir al crecimiento económico del país, del 2.1% en los últimos 15 años".